Universidad: un derecho para toda/os

La mayoría de los rectores y rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitieron una declaración respondiendo a las "desafortunada" declaración de María Eugenia Vidal que "desconoce el valor de la educación superior para nuestro pueblo". Aquí la declaración:

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A pocos días de iniciarse en el país la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) que reunirá a miles de estudiantes, docentes, investigadores y gestores de universidades de toda América Latina y el Caribe, la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires desacredita y desconoce el valor de la educación superior para nuestro pueblo, al contraponerla con la inversión en jardines de infantes. Tal actitud, entre otras cosas, deslegitima y desconoce nuestra propia historia que es la que ha motivado que dicha conferencia –que se realiza cada diez años– en esta ocasión se lleve adelante en la provincia de Córdoba.

Es que hace cien años un grupo de jóvenes estudiantes en esa provincia se revelaron frente a una casta de académicos vitalicios y al grito de “los dolores que quedan son las libertades que faltan” inició lo que se llamó la Reforma Universitaria.

A tal punto está arraigado este pensamiento y este suceso en los universitarios de toda Latinoamérica y tal es su voluntad de avanzar en este proceso que hace diez años, en la Declaración Final de la misma CRES que se realizó en Cartagena de Indias, Colombia, se plasmó que “la educación superior es un derecho humano y un bien público social”. Desde esta concepción, la universidad no es un servicio a prestar, un gasto y ni siquiera una inversión…

La desafortunada frase de la Gobernadora ignora un proceso global irreversible: la masificación y universalización de la educación superior. Solo a modo de ejemplo podemos ver que, durante las últimas cuatro décadas, la matrícula terciaria aumentó en Iberoamérica de apenas 1,9 millones de estudiantes en 1970 a 8,4 millones en 1990 y a alrededor de 25 millones en 2011… ¿Qué tipo de inserción en el mundo quieren nuestras autoridades si deciden que vayamos en sentido opuesto, incluso, a fenómenos que se dan en nuestra región?

Los estudiantes en el sistema universitario público crecieron, entre 2006 y 2015, un 19,7 %. En el mismo período, la cantidad de nuevos inscritos trepó un 27 % y los egresados aumentaron un 47 %. A su vez, la brecha de participación entre estudiantes ricos y pobres en la universidad se redujo de 4 a 1 en los años 90, a 1,5 a 1 en 2014.

“En sectores vulnerables del Gran Buenos Aires está una excelente universidad cuyos estudiantes son primera generación de su familia y son hijos de padres que no han terminado el colegio secundario”, expresó por su parte el rector de la UNC y presidente del CIN, Hugo Juri; refiriéndose a la Universidad Arturo Jauretche, de Florencio Varela. “Se vuelve a discutir equidad en términos totalmente equivocados como en la década del ’90. La equidad se obtiene llevando la mejor educación a los lugares donde se encuentran los más necesitados. Capital Federal tiene muy buenas universidades públicas y privadas, pero en los sectores de mayor concentración de pobreza la educación privada no está presente y es donde está la universidad pública”, remarcó Juri.

Pero nuestras universidades no solo otorgan derechos a quienes tienen menores posibilidades afectados por sus niveles de ingreso, sino que, también, se acerca a otros sectores que sufren desigualdades: en las universidades del Conurbano bonaerense, entre el 70 % y el 90 % de los estudiantes son primera generación de universitarios y, entre ellos, más del 60 % son mujeres y más del 40 % son mayores de 30 años. En otras palabras, en nuestras aulas están ingresando año tras año en forma masiva: i) gran cantidad de mujeres; ii) personas cuya edad en algún otro momento histórico los hubiera marginado de la educación superior; y iii) jóvenes y adultos que por su tradición familiar nunca o muy pocas veces oyeron hablar de lo que es y cómo se estudia en una universidad. Esta situación, que se repite en todas las universidades de reciente creación no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en otras provincias argentinas, contribuye de manera directa al logro de una mayor igualdad social ante las oportunidades educativas en un contexto de mayores dificultades económicas y sociales para lograrlo.

La concepción de la Gobernadora sobre las universidades públicas también ignora el valor de las actividades diarias de docencia, investigación y extensión, que contribuyen a la solución de las necesidades de cada comunidad local y regional en la que se encuentran y a revitalizar la economía a través de la continua innovación científica y tecnológica, y su impacto sobre el desarrollo económico: aumento de la productividad, generación de nuevos productos y la mayor competitividad en el mercado internacional. Este fenómeno que generan las universidades públicas en la provincia de Buenos Aires y en todo el interior del país está a la vista, y basta solo recorrer y caminar verdaderamente nuestras comunidades para ver y entender el valor de lo que hacemos”.

Retornando a la frase/pensamiento ya referido de la Gobernadora, entendemos que los números y datos son elocuentes y lo que están mostrando es el inicio de un proceso de reversión de una situación a la que, seguramente, se ha querido aludir: el acceso desigual a la educación superior, en particular universitaria. Consideramos que es nuestra obligación realizar todos los esfuerzos posibles para sostener la transformación de la educación superior y universitaria en un derecho humano y un bien público social realmente universal. No se va en esa dirección recortando gastos, cerrando puertas o presentando falsas dicotomías entre nuestras instituciones y jardines de infantes. Se va en esa dirección si también el Estado nacional y los estados provinciales contribuyen a asegurar la permanencia y egreso de los estudiantes que provienen de hogares de bajos ingresos.