Mujeres, sin igualdad ante la ley

Las cordobesas no gozan de los mismos derechos que mujeres de otras provincias, en cuanto a la implementación del protocolo referido a la interrupción legal del embarazo, en determinadas situaciones.

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En Córdoba, un amparo del Portal de Belén frenó hace años la implementación del protocolo que asegura a las mujeres y personas gestantes, en determinadas situaciones, el derecho a la interrupción legal del embarazo.

Hace casi cuatro años que el expediente está en el Tribunal Superior de Justicia, todavía sin resolución. UNCiencia consultó a Mariela Puga, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, investigadora de Conicet y docente de las universidades nacionales de Córdoba y Entre Ríos, para conocer el encuadre jurídico del caso.

Actualmente, la interrupción legal del embarazo está habilitada en cinco casos: cuando peligra la vida del o de la gestante, cuando peligra la salud del o de la gestante, cuando el o la gestante es menor de edad (lo que en nuestro sistema jurídico lleva a presumir una violación), cuando el o la gestante fue violada y, por último, cuando el o la gestante tiene una discapacidad mental.

El caso FAL, del año 2012, dio ocasión para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunciara sobre las condiciones en que el sistema de salud argentino estaba atendiendo al derecho de las mujeres a abortar en estas cinco circunstancias.

Los jueces supremos fueron muy críticos, tanto de médicos como de jueces, por las trabas que les imponían a las mujeres, judicializando sus pedidos o negándoles la asistencia sanitaria requerida.

Los jueces supremos también aclararon algo que algunos jueces y juristas venían poniendo en duda: que las mujeres violadas tenían derecho a la interrupción del embarazo, y que basta su declaración jurada de haber sido violadas para que el Estado les garantice este derecho.

A raíz de ello, varias provincias argentinas decidieron darse protocolos de atención sanitaria que garantizaran el derecho de las mujeres a abortar en las condiciones establecidas por la Corte, y teniendo en cuento las previsiones y crítica de esta.

– ¿Qué implicancias y alcances tiene el amparo presentado por la asociación Portal de Belén?

El Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba intentó seguir la misma conducta de aquellas provincias que respetaron las recomendaciones de la Corte Suprema, dándose un protocolo. Lamentablemente, ese protocolo fue frenado por el Portal de Belén y jueces de primera y segunda instancia del Poder Judicial cordobés, que entendieron que las recomendaciones de la Corte no los obligaban, y no estaban de acuerdo con ellas.

Ello tuvo como consecuencia que, desde 2012, las mujeres violadas en otras provincias tienen garantizado su derecho al aborto en los hospitales provinciales, mientras que en Córdoba no pueden hacerlo. Deben entonces acudir a las escasísimas opciones que ofrece el sistema de salud nacional (que tampoco funciona en Córdoba con todas las garantías que exige la Corte).

– ¿Puede un amparo sobre un instrumento como un protocolo frenar la aplicación de un derecho consagrado en la Constitución?

Jurídicamente, no. La situación de Córdoba es una clara violación del artículo 8 de la Constitución Nacional que establece: “Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás”. Las mujeres cordobesas no gozan de los mismos derechos que las mujeres de Río Negro, o Ciudad de Buenos Aires, si resultan violadas.

Sin embargo, de hecho, el Poder Judicial cordobés ha conseguido mantener la violación de derechos de las mujeres cordobesas con una actividad jurisdiccional muy simple: la no actividad. En otros ámbitos lo llamaríamos “cajoneo”.

Hace casi cuatro años que el expediente por el que se frenó la aplicación del protocolo en Córdoba está en el Tribunal Superior de Justicia, sin decisión. Si el caso se decidiera, y aun cuando se decidiera en contra, el Poder Ejecutivo de la Provincia y los terceros demandados podrían acudir a la Corte Suprema para saldar el asunto y devolver el derecho a las mujeres. Pero en la medida en que no se tome una decisión, la situación de violación de derechos de las mujeres se prolonga indefinidamente en el tiempo.

– La Justicia, ¿tiene plazos para resolver ese tipo de circunstancias?

– La Justicia es un organismo jerárquico, en el caso de Córdoba, con rasgos aristocráticos. Los códigos procesales suelen obligar a los jueces de primera instancia de tomar decisiones en ciertos plazos, pero esas obligaciones son mucho menores para los jueces de las instancias superiores. No hay una regla procesal que imponga un plazo expreso al Tribunal Superior de Justicia.

Por otro lado, los abogados litigantes suelen ser muy temerosos de presentar escritos exigiendo “pronto despacho” al Tribunal Superior. La mística jerárquica y aristocrática no se alimenta solo de las reglas procesales provinciales, sino también de una cultura de subordinación como subyugación a las jerarquías tribunalicias.

Eso significa básicamente que el Poder Judicial cordobés puede tener este expediente, como tantos otros, por tiempo indefinido, sin que haya mucha cosa eficiente que se pueda hacer, salvo la presión simbólica o política, mencionando el asunto en cada instancia de decisión pública en la que sea posible.

Breve historia en Córdoba

UNCiencia también dialogó con Gladys Ponte, médica ginecóloga, docente de la Facultad de Ciencias Médicas (UNC) e integrante del Departamento de Salud Reproductiva de la Maternidad Nacional, una de las tres profesionales que garantizan, en una provincia de tres millones y medio de habitantes, el acceso a ese derecho.

Ponte, de contextura pequeña y voz joven, hace un recuento de la situación: “El fallo FAL (2012) indicaba que cada provincia debía tener su propio protocolo para abortos no punibles o adherir al nacional y ponerlo en vigencia. Acá sí se hizo un protocolo provincial, que fue aprobado por la Legislatura”.

Ese protocolo tenía algunas diferencias con el nacional. Una de las cruciales, según la profesional, era la intervención (el aviso) que debía darse a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) si había un caso de menores en situación de violación.

“Desde Católicas por el Derecho a Decidir, organización a la que pertenecía en ese momento, nos parecía que eso implicaba una pérdida de intimidad. Una situación de violación es un delito de instancia privada, que la víctima puede o no denunciar. Si alguna chica decía: ‘Yo no lo voy a denunciar porque es mi tío’, es decir, una persona que ejercía algún poder en la familia, yo lo mismo sí o sí tenía que pasarlo a la Senaf. Debía difundir un delito que por instancia privada alguien elegía no denunciar. Daba la impresión de que con esto se iba a perder el secreto profesional, pero, a fin de cuentas, el protocolo estaba”, explica Ponte.

A los diez días de aprobado, la asociación Portal de Belén presentó un recurso de amparo para su no aplicación en el territorio provincial.

“¿Qué le pasa a la Provincia, entonces?”, interpela la médica. “En realidad, la cosa es así: el artículo 86 del código penal de 1921 tiene dos incisos: en el 1, habilita el aborto por la salud y la vida de la mujer, y, en el inciso 2, por violación. ¿Sobre qué cosa actúa el fallo FAL? Sobre el inciso 2. El inciso 1 es legal desde 1921. Y el amparo del Portal de Belén va por el inciso 2, no por el 1. O sea que entonces el inciso 1 está vigente, pero la Provincia tampoco lo aplica. Y llevamos ya cinco años del amparo cajoneado en el Tribunal Superior de Justicia”.

En el ámbito de la Universidad, la respuesta fue otra. El entonces decano de la Facultad de Medicina, Dr. Gustavo Irico, decidió que se iba a aceptar el protocolo nacional para abortos no punibles, ya que tanto la Maternidad como el Hospital de Clínicas son territorios nacionales, es decir que escapan al amparo. Sin embargo, el Portal de Belén también intentó, aunque esta vez sin éxito, hacer extensible el amparo a través de la Justicia Federal.

“Desde 2005 llevo adelante el Programa de Salud Reproductiva, junto con otra colega y una profesional médica más joven a la que hemos logrado sensibilizar”, relata Ponte. Ese pequeño grupo de tres profesionales de la salud decidió que, en ese territorio, el Hospital de la Maternidad, se aplicaría el fallo FAL.

“En el Hospital de Clínicas –continúa la médica– muchos me dijeron que con la objeción de conciencia se resolvía el asunto, y que, por lo tanto, ellos no iban a trabajar en la interrupción legal del embarazo. Nosotras siempre hemos reclamado que no se trabajara, pero bueno, no son decisiones que podamos tomar y, por tanto, seguimos adelante con nuestro servicio y listo”.

Es decir que, desde el punto de vista legal y en lo que corresponde al protocolo de atención de abortos no punibles del Ministerio de Salud de la Nación, solo se cumple en la Maternidad Nacional de la UNC.

Sobre por qué el TSJ no decide, Ponte tiene su lectura: “El Tribunal Superior no va a fallar desconociendo los pactos y las cortes internacionales que están en vigencia y que forman parte de los acuerdos firmados por el país”.

Uno de esos pactos vigentes es, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), incorporada a la constitución argentina en 1994.

En su última evaluación de 2016, la Cedaw recomienda a Argentina que se implemente en todo el país la interrupción legal del embarazo y exhorta a que se garantice el acceso al aborto legal y seguro a las mujeres en casos de violación o riesgo para la salud o la vida, así como la atención post aborto. A su vez, pide que el Estado controle la justificación de los profesionales con la objeción de conciencia (Fuente: www.feim.org.ar.)

Eloísa Oliva
Redacción UNCiencia
Prosecretaría de Comunicación Institucional
eoliva@comunicacion.unc.edu.a