Recesión, procedimientos preventivos, concursos y quiebras

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) cuantifica y analiza la situación en Córdoba, CBA y Provincia de Bs As. Cuando hay lugar a una crisis que amerita este tipo de medidas, se produce tanto un corte en la cadena de pagos como la destrucción de puestos laborales.

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La recesión económica que Argentina atraviesa técnicamente se inició en el mes de septiembre de 2018 cuando el EMAE-INDEC arrojó seis caídas consecutivas del producto, lo que equivale a dos trimestres seguidos de retroceso en la actividad (el segundo y el tercero del año pasado). Los meses siguientes, hasta marzo de 2019, fueron incluso peores. La reducción de la caída medida en el mes de abril (-1,9%) resulta muy relativa, ya que si no se considerar el efecto de la mejora en el agro (que en términos interanuales compara con un año de sequía) alcanza valores similares a los del primer trimestre (carca de -5%). La política de altas tasas re-inaugurada el 1 de octubre luego del segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene fuertes vínculos con este proceso de retracción en la actividad, afectando las ventas de las empresas y la propia viabilidad del sector productivo por el alto costo de financiamiento.

Si bien en todos los casos se hace referencia a situaciones de insolvencia de las empresas, si nos remitimos a la definición jurídica se debe hacer una diferenciación entre los procesos preventivos de crisis, los concursos preventivos y las quiebras. El Procedimiento Preventivo de Crisis es una solicitud ante la Secretaría de Trabajo realizada en los términos del Artículo 98 de la legislación en vigor por las personas Jurídicas o entidades gremiales cuando se afecte a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores ya sea por razones de suspensiones o despidos y cuya finalidad es encuadrar una solución que evite o disminuya estos efectos.

No obstante, cabe advertir que en tiempos recientes se registra un cambio cualitativo de política pública en términos laborales: lejos de propiciar el sostenimiento del empleo en un contexto de caída de la actividad, los procesos preventivos de crisis están oficiando sólo de protocolo administrativo para autorizar despidos. No están cumpliendo el objetivo de propender a la resolución de los problemas de fondo en materia de viabilidad económica, cuidando los puestos de trabajo como objetivo en última instancia.

Esta lógica se ubica en línea con la desjerarquización de la política laboral a partir del pasaje de Ministerio a Secretaría, y con la aplicación de una política pro empresarial explicita que se manifestó en el veto de la ley antidespidos en 2016 y en el abandono de mecanismo protectores como los subsidios al empleo (REPRO), por mencionar sólo dos hechos relativos al tema del informe.

Infografía iProfesional

Los procesos preventivos de crisis se están convirtiendo, además, en formas de avanzar en la flexibilización laboral de facto. Esta herramienta es una forma de avance en “reconversiones” y ajustes que las grandes empresas buscan aplicar, ante la imposibilidad que el ejecutivo encuentra en el tratamiento parlamentario de una legislación reducida en derechos laborales, la reforma laboral. Distintos sindicatos han advertido esta segunda intención que las grandes empresas persiguen al presentarse en la Secretaria de Trabajo: la búsqueda del visto bueno gubernamental para ajustar.

Por su parte, el proceso de concurso se corresponde con la solicitud judicial para lograr un plan de propuesta y readecuación que le permita acordar con sus acreedores la cancelación de los compromisos que lo llevaran a dicha situación, continuando así su actividad. Esta situación, en caso de no concretarse o cumplimentarse, derivará en una solicitud de quiebra, que es la liquidación de bienes mediante remate judicial hasta la cancelación del total de compromisos fehacientemente reconocidos por el síndico designado. La controversia se dirime en cada jurisdicción territorial, la que en la Argentina se corresponde con cada gobernación y la Ciudad de Buenos Aires, quien utiliza la justicia federal para tal fin producto de la pendiente transferencia de las competencias desde la Nación. Para estos casos también cabe indicar que no es menos cierto que hay empresas que recurren, ante situaciones de insolvencia auto inducidas, a la figura del concurso preventivo de acreedores con la única finalidad de limpiar su pasivo, para lo cual logran el acuerdo de determinados acreedores, en perjuicio de los demás acreedores -en general quirografarios-, que son quienes en los hechos deben soportar las quitas establecidas en los acuerdos preventivos.

Pasando del eje jurídico al económico, cuando los procesos preventivos, concursos y quiebras aumentan es debido a que las condiciones macroeconómicas hacen inviable que se mantenga la actividad por causas que le son ajenas. Cuando hay lugar a una crisis que amerita este tipo de medidas, se produce un corte tanto en la cadena de pagos como la destrucción de puestos laborales.

Luego de este evento, aparece un efecto cascada en los acreedores (incluyendo a los trabajadores que ven afectada su fuente laboral en las personas jurídicas) por la degradación de los activos que representan las acreencias contra la sociedad/persona en crisis, lo que puede llevar tanto a nuevos quebrantos, como a despidos.

En tercer lugar, pero no menos importante, el caso de la quiebra implica un “rompimiento del contrato social”, perjudicando las chances de reconstrucción del entramado productivo luego de la crisis: la empresa, el empresario o la persona que entra en un proceso de quiebra, se sale del sistema dificultando mucho que vuelva a ingresar, ya que queda en registro de morosos y con malos historiales crediticios. En definitiva, las empresas en crisis implican un proceso de destrucción de valor que trasciende a la propia organización.

Como antecedente de esta etapa de incrementos sustanciales en las quiebras y concursos, debemos retrotraernos al período 2001-2002. Solamente en marzo de 2002 se registraron 243 quiebras y concursos de acreedores, casi un 50% superior al valor de marzo de 2001. Si se calcula el promedio diario, se registraron 7,8 personas jurídicas o humanas que entraban en quiebras o concurso. De hecho, en 2003 por recomendación del FMI (1) y de la promulgación de la Emergencia Económica, se aprobaron modificaciones en la Ley de Quiebras vigente en ese momento debido al gran número de empresas afectadas incluyendo muchas de relevancia como lo eran el Correo Argentino, Azurix, Gas Nea y Alpargatas (2).

En este informe analizamos datos proporcionados por la Secretaría de Trabajo de la Nación para los pedidos de procesos preventivos de crisis, como así también una amplia base construida especialmente por CEPA tomando los datos publicados en los Boletines Oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, y la Provincia de Córdoba, que detallan las empresas y personas a las que la justicia les decretó la apertura del concurso preventivo, por un lado, y la quiebra por otro, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Sale REPRO, entra procesos preventivos de crisis

“Con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de causa económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15 por ciento de los trabajadores de empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10 por ciento en empresas de entre 4000 y 1.000 trabajadores; y a más del 5 por ciento en empresas de más de 1.000 trabajadores, deberá sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis (Ley 24.013/91, art. 98)”.

El año 2018 fue el que mayor número de presentaciones registró el procedimiento preventivo de crisis – PPC – (108 en total), con una tendencia notoriamente creciente desde 2015. En total, desde 2016 a 2018 se registraron 246 pedidos de procesos preventivos de crisis.

En el caso de los REPRO (Programa de Recuperación Productiva) entre 2015 y 2017, según datos de la cartera laboral, la cantidad de beneficiarios del programa disminuyó sensiblemente, se concentraron en menos empresas y el monto destinado al programa disminuyó en términos reales. Esta disminución, lejos de relacionarse a una mejora en la situación laboral se debió al incremento en los requisitos exigidos a las empresas y a la diminución de los plazos aprobados (que pasaron en promedio de 12 meses a 3 meses). De hecho, desde el entonces Ministerio desalentaron su uso bajo el argumento de que “promueve la competencia desleal”.

Menos actividad

La caída de la actividad en la amplia mayoría de los sectores productivos se expresó en una brutal reducción de la cantidad de empresas PyMEs de nuestro país. El total de empresas registradas en diciembre de 2015 según surge de las estadísticas de AFIP (14) alcanzaba los 559.318 casos de empresas de menos de 100 trabajadores. A partir de allí, y tal se presenta en los gráficos siguientes, la cantidad de empresas se redujo drásticamente, llegando en abril de 2019 a 540.465.

Las razones de sensible reducción en la cantidad de empresas tiene al menos cuatro ejes fundamentales: el aumento del costo de financiamiento, la caída del poder adquisitivo, el aumento en los servicios (electricidad, gas, agua) y la apertura importadora.

La reducción en la cantidad de empresas de menos de 100 trabajadores se produce a la par del aumento de la tasa de interés de referencia, particularmente desde abril de 2018 en adelante. Si en diciembre de 2015 la cantidad de empresas eran 559.318, en abril de 2019 se habían reducido a sólo 540.465. A la vez, la tasa de referencia pasó de 36,5% en diciembre de 2015 a 68,32% en promedio en abril de 2019.

A la vez, la reducción en la cantidad de empresas de menos de 100 trabajadores acompaña la caída del poder adquisitivo y se mueve a la inversa del aumento del costo de servicios. Si en diciembre de 2015 la cantidad de empresas alcanzaba las 559.318 y el poder adquisitivo era de 100 unidades, en abril de 2019 se habían reducido a menos de 540.465 empresas y 16% de poder adquisitivo perdido en promedio.A la vez, en el mismo período, el aumento de la factura de electricidad (deflactada por inflación) pasó de 100 a 1.148 y la de gas, de 100 a 1.442.

Finalmente, la evolución de las importaciones tiene, hasta la devaluación de abril de 2018, una evolución asimétrica, explicando una buena parte del impacto negativo que han sufrido las PyMEs en esta primera etapa. Luego de abril de 2018, la relación se vuelve simétrica, moviéndose la reducción en la cantidad de empresas a la par de la reducción de importaciones.

Concursos y quiebras en el primer trimestre

El total de firmas con problemáticas de concursos o quiebras en los distritos de Córdoba, CABA y PBA (que representaban en 2017 el 61% de las empresas registradas en el país) arrojó 292 casos en el primer trimestre de 2019, lo cual representó un 16% más respecto a igual período de 2018. El incremento de concursos y quiebras en el primer trimestre respecto de 2016 es de 76%, incrementándose indefectiblemente todos los años.

El 53% se concentra en CABA, mientras que el 24% lo hace en PBA y el 23% en Córdoba. Mientras que en Córdoba y PBA la mayoría de los casos de concursos se concentran en personas humanas (60% y 63% respectivamente), en la CABA, estos números se invierten, siendo el 74% personas jurídicas.

Para el caso de Concursos, entre el primer trimestre de 2018 y 2019 se evidenció un incremento total de 71%, alcanzando los 125 casos, y de 155% respecto de 2016, que había sumado 49.

En la comparación 2018-2019, en Córdoba se disparó 200%, seguido de la Provincia de Buenos Aires con el 65% y la Ciudad Autónoma con el 25%.
En el caso de las quiebras, sumaron 167 en el primer trimestre de 2019, un 6% menos que en 2018, pero 43% más que los 117 casos de 2016. En 2019, en la Provincia de Buenos Aires registró un incremento de las quiebras del 14%.

Analizando la evolución de casos por sectores de actividad durante primeros trimestres, entre 2016 y 2019, la industria incrementó los concursos en un 300%, mientras que el comercio lo hizo 130% y la construcción 800%, los servicios avanzaron 114%, mientras que el sector primario lo hizo 175%. En los casos de las quiebras, el Comercio decreció 24% mientras que la Industria aumentó 200% y el sector Primario 225%. Finamente, la Construcción lo hizo en 100% y los Servicios en 30%.

Entre los concursos, la actividad con mayor cantidad de casos corresponde a Manufactura y Consumo (25%), seguida por Servicios Profesionales (24%) y Comercialización e Intermediación (18%). Los guarismos para quiebras son similares, con 28%, 22% y 15% de los casos respectivamente.

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Informe completo (https://centrocepa.com.ar/informes/221-evolucion-de-los-procedimientos-preventivos-concurso-de-acreedores-y-quiebras-cuantificacion-y-analisis-en-la-provincia-de-cordoba-ciudad-de-buenos-aires-y-provincia-de-buenos-aires.html)