La sociedad argentina y el campo (I)

¿Qué es y qué quiere el campo argentino?
(Nueva Sociedad) Por Roy Hora

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Argentina, el país del «vértigo horizontal» de las grandes planicies, respira campo. Pero al mismo tiempo es un país apabullantemente urbano, en el que los imaginarios sobre ese campo se construyen a menudo a la distancia. Los conflictos recurrentes por el reparto de la renta agraria, en un contexto de fuertes transformaciones tecnológicas y de cambios en la propiedad de la tierra, dejan ver las discusiones irresueltas y plantean nuevos debates sobre la relación entre campo e industria, el tipo de impuestos deseables y la sostenibilidad del modelo actual.

Tras un segundo aumento de los derechos que gravan las exportaciones agrícolas, impuesto a solo tres meses de que Alberto Fernández asumiera la Presidencia, el malestar viene creciendo entre los empresarios del campo. Por el momento, la pandemia de covid-19 que asola al mundo ha sacado el tema del centro del escenario, dirigiendo la atención hacia problemas más urgentes y, de paso, deshilachando la protesta que las asociaciones ruralistas, reunidas en su Mesa de Enlace, habían programado entre el 9 y el 12 de marzo. El malestar agrario, sin embargo, no ha desaparecido, y más tarde o más temprano volverá a expresarse. Aunque es muy improbable que alcance la virulencia del conflicto del campo del otoño de 2008, el espectro de esa protesta continúa acechando. Doce años atrás, durante cuatro meses de intensa disputa, la Argentina urbana aprendió sobre impuestos a las exportaciones y siembra directa, sobre productores de soja y piquetes agrarios. Visto a la distancia, la principal consecuencia de la mayor protesta agraria de toda la historia argentina fue la constitución del «campo» como una fuerza sociocultural y, sobre esa base, aunque de manera mucho menos exitosa, como un actor dispuesto a alzar su voz en la disputa política. Una década más tarde, mucho de ese legado sigue vigente.

¿Cuánto hay de novedoso en el panorama que se abrió en 2008, tan decisivo para entender el malhumor propietario que vuelve a desplegarse ante nuestros ojos? Quizá no tanto como algunos suponen. Basta una rápida mirada hacia atrás para constatar que, desde muy temprano en la historia argentina, cierto grado de tensión constituyó un rasgo definitorio de la relación entre el empresariado rural y el Estado. No podía ser de otro modo en un país que ya en la última parte del siglo XIX contaba con un sector público de dimensiones considerables cuyo financiamiento, inevitablemente, dependía del agro pampeano, su motor económico y su único generador de divisas.

El campo como locomotora

Contra lo que afirma el mito liberal y reafirma el populista, para 1910 Argentina ya había forjado un Estado que era mucho más que un guardián nocturno. Su tamaño, medido en términos de erogaciones per cápita, se encontraba entre los mayores del mundo. Un sistema educativo que era motivo de orgullo nacional, un presupuesto militar elevado, grandes inversiones en infraestructura (ferrocarriles y puertos, edificios públicos y agua corriente) y una abultada deuda externa ayudan a explicar por qué el Estado costaba, ajustado por el tamaño de la población, tanto como en Francia o Alemania. Pero a diferencia de estos países, que poseían economías más diversificadas y menos asimetrías regionales, aquí solo la pujante economía exportadora surgida en las fértiles praderas pampeanas podía saldar esa cuenta. De manera directa o indirecta, el grueso de esos recursos salía del campo.

Considerando la temprana emergencia del Estado más robusto y costoso de América Latina, no sorprende que el problema del tamaño y la calidad del gasto público animaran el debate cívico desde antes de la era democrática. Y que la presión fiscal diese lugar a pujas y disputas y, en ocasiones, también a movilizaciones. En los principales distritos pampeanos (Buenos Aires y Santa Fe) las hubo al menos desde comienzos de la década de 1890, y en ellas participaron tanto agricultores como ganaderos y terratenientes.

Por su significación, conviene detenerse en la rebelión fiscal del verano de 1911-1912, buen ejemplo de las protestas que movilizaron al empresariado del campo a comienzos del siglo XX. En esos meses, un abrupto incremento del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires puso en pie de guerra a la clase propietaria. Las empresas agrarias no podrán sostener ese nivel de impuestos e irán a la quiebra, dijeron, palabras más, palabras menos, muchos exaltados. Al calor de esa rebelión fiscal, Defensa Rural, un partido de base terrateniente nacido en los salones de la Sociedad Rural Argentina, se propuso desafiar al gobierno provincial. Animados por la sanción de la Ley Sáenz Peña, que aseguraba elecciones mucho más transparentes y participativas que las anteriores, los grandes estancieros dijeron presente. Es importante destacar que la constitución del empresariado rural como un actor político no tuvo lugar en el seno, sino contra el gobierno del Partido Conservador. Una prueba más de que la idea de bloque histórico no describe bien la relación entre Estado y clase propietaria en la Argentina oligárquica.

¿Por qué los ruralistas desafiaron a una fuerza política tan poderosa como el oficialismo de entonces? Porque eran la única voz que hablaba en nombre de un sector de actividad que, desde la izquierda hasta la derecha, todos veían como la locomotora del país. Al fin y al cabo, el sector agroexportador había convertido la economía argentina en una de las de más veloz crecimiento del planeta en la «primera globalización». Y porque, pese a la pregnancia del sentimiento antielitista que por entonces ya tenía un lugar en la vida pública, los capitalistas rurales aún no eran tenidos por enemigos de la comunidad salvo por grupos minoritarios, de escasa gravitación en el debate público. En abril de 1912, los estancieros de Defensa Rural aprendieron que no es posible competir en elecciones sin el respaldo de una organización bien implantada en el territorio y mordieron el polvo de la derrota. Aun así, la creencia de que estos actores tenían cierto ascendiente sobre la población de la campaña no parece haber sido del todo equivocada.

De hecho, cuando dos años más tarde la Unión Cívica Radical (UCR) de Hipólito Yrigoyen fue por primera vez a las urnas en la provincia de Buenos Aires (en 1912 se había abstenido), su lista de diputados estuvo encabezada por Leonardo Pereyra Iraola, uno de los ganaderos más conspicuos del país. La legislación electoral daba entonces a los votantes la posibilidad de tachar nombres en la boleta de su elección (no existía la «lista sábana»), lo que nos permite conocer mejor sus preferencias. El conteo de los votos muestra que el jefe radical no se equivocó al colocar a Pereyra Iraola como mascarón de proa de su programa de renovación de las instituciones: fue el más votado de la lista radical y superó a candidatos de carreras políticas más notorias y nacidos en cunas más populares.

La lección parece clara: en el principal distrito agroganadero del país, ser un terrateniente reconocido, más que un baldón, podía constituir un activo. Un personaje como Pereyra Iraola no disminuía, sino que incrementaba el atractivo de una organización política que aspiraba a conquistar el voto popular.

Pero no por mucho tiempo. Fue quizás la última vez que un exponente tan emblemático de la alta burguesía agraria que había liderado el formidable proceso de cambio rural del medio siglo previo estuvo en condiciones de encarnar un ideal inclusivo de comunidad. La era democrática no fue amable con los poderosos, y mucho menos con los poderosos del campo. Y estos, a su vez, le pagaron con la misma moneda. En los años de entreguerras, un foso cada vez más profundo, cavado al calor de la intensificación del conflicto social y la pérdida de centralidad económica del sector agroexportador, comenzó a dividir ambos mundos. El empresariado del campo fue en una dirección; la sociedad, en otra.

Conflicto, industria y democratización

Comencemos por la disputa social. En el curso de la década de 1910, los conflictos entre terratenientes y agricultores arrendatarios cobraron intensidad, lo que desprestigió a los propietarios y los empujó hacia el lado negativo de la ecuación política. Para la década de 1920, esta impugnación, nacida tímidamente con la huelga de Alcorta, Santa Fe, de 1912, se extendió a toda la región pampeana. También se impuso en la ciudad, tal como lo muestra la simpatía con que fue recibida por la población porteña la marcha al Congreso con que, en agosto de 1921, los chacareros de la Federación Agraria reclamaron una ley de arrendamientos que acotara el poder propietario. Ganaderos pequeños y medianos también elevaron sus quejas contra los grandes estancieros, diferenciándose y por momentos enfrentando a aquellos cuyo liderazgo hasta entonces habían aceptado.

La Gran Depresión de comienzos de la década de 1930, que golpeó con dureza al campo, reafirmó este humor antielitista: de allí en adelante, la imagen pública del gran estanciero quedó asociada, cada vez más, al egoísmo y el atraso productivo. Desprestigiados y corroídos por la crítica popular, el terrateniente y su mundo terminaron de consagrarse como un obstáculo al progreso de la comunidad.

La sociedad rural no solo expuso sus divisiones a la luz del día. La crisis del 30 marcó el comienzo de una etapa de declinación ya no del ascendiente de las elites rurales, sino del patrón de desarrollo centrado en las exportaciones pampeanas. En esos años, el motor económico del país se fue quedando sin energía. El cierre del mercado mundial hizo que la capacidad de integración social del país agroexportador se dañara de manera irremediable. La desocupación comenzó a ceder hacia 1933, pero los salarios permanecieron estancados por una década. Para trabajadores que se habían acostumbrado a que el progreso era el orden natural de las cosas, fue la señal de que vivían en un país distinto al de 1900 o 1920. Ese retroceso despejó el camino para la formulación de un nuevo horizonte a partir de la cual desplegar las aspiraciones de bienestar de las mayorías: la nueva nación crecida al calor de la sustitución de importaciones y el proteccionismo industrial. El peronismo y el desarrollismo encarnaron, cada uno a su manera, las promesas de esta nueva era.

Dividido internamente e impedido de formular una propuesta capaz de interpelar a los actores y protagonistas de un país cada vez más industrial, y en el que la población urbana ya superaba ampliamente a la rural (la tasa de urbanización en 1947 era de 62%, y se elevaba a 72% en la región pampeana), el agro quedó confinado a la irrelevancia, como un mero proveedor de recursos con que apuntalar la expansión de la ciudad. Allí, en las grandes urbes litorales, en torno de la manufactura y los servicios, se calmaban la sed de justicia social y las demandas de incorporación de las mayorías. Allí se labraba el futuro del país y hacia allí migraron, desde las provincias pampeanas y pronto también desde el interior profundo, los que anhelaban mejorar su condición. El campo era el pasado y, a juicio de muchos, un pasado en el que no había nada valioso para rescatar.

Los descendientes de Leonardo Pereyra Iraola lo experimentaron en carne propia: su estancia más deslumbrante, San Juan, ubicada a las puertas de La Plata, fue expropiada en 1949, y en esas tierras nació el parque Derechos de la Ancianidad. Es indudable, sin embargo, que Juan D. Perón fue avaro con los que, desde su izquierda, le reclamaron una reforma agraria comprensiva y sistemática. El presidente justicialista se contentó con poner los recursos del sector exportador al servicio del proyecto que en verdad le importaba: una reforma de la sociedad urbana centrada en salarios elevados, pleno empleo y sindicalización, todo ello apoyado por la expansión del sector industrial.

Para los arrendatarios, sin embargo, el nuevo país que había renegado del campo como motor de desarrollo no fue nada mezquino: gracias al congelamiento de los arrendamientos decretado durante la Segunda Guerra Mundial y convertido en ley en 1948, y desde entonces prolongado por más de 20 años, muchos de ellos se fueron sumando, poco a poco, al universo de los propietarios. Con un escenario sesgado a favor de los agricultores de menor escala, la línea de fractura nacida en Alcorta continuó dividiendo a la población de la campaña.

En esta etapa de veloz diversificación del tejido productivo, el Estado pudo ampliar sus fuentes de recursos fiscales. Este programa fue tomando cuerpo desde la década de 1930, con la sanción del impuesto a la renta, que volvió a la administración pública menos dependiente de los avatares del comercio exterior. Luego fueron cobrando volumen otros impuestos dependientes de la actividad interna. Pero en la medida en que la manufactura crecida al calor de la sustitución de importaciones nunca logró generar sus propias divisas, los impuestos a las exportaciones agrarias siguieron desempeñando un papel primordial en el esquema tributario. La administración de las ventas externas por el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio durante el periodo 1946-1955 y luego los impuestos a las ventas externas, conocidos como retenciones, fueron sus principales manifestaciones.

Pese a que ni sus recursos naturales, ni su capital humano, ni el tamaño de sus mercados de bienes y servicios podían augurarle un futuro promisorio para el crecimiento industrial, Argentina continuó progresando. Ya no brillaba en América Latina, pero siguió avanzando e incrementando el bienestar de sus mayorías. En la década de 1970, sin embargo, la sustitución de importaciones alcanzó su techo, y paralelamente el producto y el empleo manufacturero iniciaron un retroceso que hasta el día de hoy no se ha detenido. La notable inestabilidad macroeconómica que signa al país desde entonces agravó los problemas. Todo esto coincidió con una sed de divisas cada vez más intensa, producto ya no solo de las necesidades de la manufactura sino de las demandas de consumo de una sociedad que reclama más bienes y servicios que los que su economía puede generar.

Las limitaciones del patrón de crecimiento centrado en la industrialización por sustitución de importaciones no conmovieron la visión negativa sobre el sector rural y su empresariado forjada en el curso del medio siglo previo. La principal protesta rural de la década de 1980 lo pone de relieve. El rechazo suscitado por el «camionetazo» que una importante asociación propietaria, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), organizó en marzo de 1985 contra un alza de las retenciones a las exportaciones decidida por el gobierno del presidente Raúl Alfonsín revela que, todavía entonces, los voceros del campo no podían asociarse a ningún proyecto de futuro. Esa protesta fue percibida como la expresión del egoísmo de un empresariado que no podía ver más allá de su propio interés, casi siempre opuesto al del resto de los argentinos. Aupadas por un amplio respaldo ciudadano, predominante en las clases medias urbanas, las fuerzas de seguridad sacaron a los ruralistas de la calle y las rutas sin miramientos. Nadie osó salir en su defensa. Todo esto nos recuerda que, en el renacer de nuestra democracia, expresiones como «empresa agraria» y «modernidad productiva» seguían perteneciendo a universos retóricos enfrentados.

Para entonces, sin embargo, la pampa comenzaba a despertarse de la larga siesta que anestesió su potencial expansivo desde la Gran Depresión. Atenazadas entre un mercado mundial que osciló entre la atonía y el proteccionismo, y una política pública más orientada a extraer recursos que a promover el crecimiento, las exportaciones agrícolas se mantuvieron literalmente estancadas entre 1930 y 1960. En ese lapso, Argentina perdió cerca de dos terceras partes de su participación en los mercados mundiales de productos agrícolas. En la década de 1960, tractores y semillas híbridas comenzaron a revertir la caída. Por otros 30 años, sin embargo, la recuperación fue lenta. El terreno perdido comenzó a recuperarse a mayor velocidad desde la década de 1990. El principal factor fue una importante reducción en los costos del capital, que acercó a la agricultura pampeana a la frontera tecnológica internacional. Desde 2002, una fuerte expansión de la demanda asiática, que llevó los precios a las nubes, le dio bríos a este ciclo de crecimiento.

Fue entonces cuando cobró envergadura una agricultura más dinámica y más plenamente capitalista, cuya punta de lanza fue el sistema de cultivo conservacionista de mínimo laboreo del suelo conocido como siembra directa (es decir, sin arado ni labranza). En comparación con otras regiones productoras de bienes agrícolas de clima templado en América del Norte, Europa central o Asia, la calidad y baratura del suelo siguen constituyendo un rasgo diferencial de la agricultura granífera argentina, que llevan a un uso intensivo de este factor. Desde la década de 1990, sin embargo, la inversión en tecnología desempeña un papel más central en el proceso productivo que en cualquier otra etapa del desarrollo agrícola pampeano del último siglo. Y esto, a su vez, estimula las economías de escala y premia a las empresas de espaldas financieras más anchas y gestión más profesionalizada.

Roy Hora / Dr. Historia Moderna por la Universidad de Oxford (1998)

Autor de Los estancieros contra el Estado. La Liga Agraria y la formación del ruralismo político en la Argentina (Siglo Veintiuno, 2009), y Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y política, 1860-1945. Profesor en las universidades de Buenos Aires, Di Tella y Oxford. Es investigador independiente del CONICET y enseña en la UN de Quilmes y en la Univ de San Andrés.

https://nuso.org/articulo/que-es-y-que-quiere-el-campo argentino / agendarweb.com.ar/