Coronavirus: los aportes de CEPAL

Por José E. Ortega y Santiago Espósito

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A la “sopa de estudios” que sobre el impacto del coronavirus en la economía regional viene circulando, se agregó hace ya algunas semanas el tercero de los informes específicos sobre la pandemia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el cual enfatizasobre la criticidad del contexto, dados los desequilibrios estructurales de los países del espacio, y su dependencia de variables estancadas como los commodities o el turismo.

Antes de la pandemia, la CEPAL estimó un crecimiento regional anual máximo del 1,3%. Ahora pronostica una caída del PIB del 1,8 al 4%. La recesión aumentaría el desempleo en unos diez puntos porcentuales, afectando a 620 millones de habitantes -tres “Brasiles” completos-. El número de pobres subiría de 185 a 220 millones de personas -un Brasil más un Chile enteros-. En tanto, las personas en pobreza extrema podrían aumentar de 67.4 a 90 millones -dos Argentinas-.

La Secretaria de CEPAL, Alicia Bárcena, afirmó a mediados de abril,en la presentación del primer informe, que se profundizará la regionalización, en desmedro de lo global. “Una oportunidad para mirarnos hacia adentro”, agregó. Una especie de “Latinoamérica para los latinoamericanos”, que incentivará la integración regional. No fue novedoso: ya lo planteó Prebisch finalizando la década de 1940, cuando nacía el organismo, y fue la tesis cepaliana original, motor del desarrollismo e iniciativas de integración comercial como el Mercado Común Centroamericano o la ALALC (podríamos sumar la cooperación planteada en la Operación Panamericana y la Alianza para el Progreso). Aquella idea fracasó por sus limitaciones: políticas, sociales, económicas; ¿Podría funcionar hoy, aprendidas las lecciones?

Tercer informe: ¿ingreso universal?

En el último paper, CEPAL plantea que tras la crisis de la deuda latinoamericana durante los ‘80s, cuando la tasa de pobreza se disparó a un 48,3% en 1990, a la región le costó un cuarto de siglo volver a los niveles previos. Con el coronavirus golpeando con fuerza, la pobreza podría llegar a un 34,7% de la población.

En el caso de la pobreza extrema, el aumento sería del 11% al 13,5%, pasando de 67 a 83 millones de personas. Los mayores aumentos se darían en México, Nicaragua y Ecuador. La pobreza en general aumentaría también en esos países, sumándose Argentina y Brasil.
Conforme lo recabado por CEPAL, los gobiernos latinoamericanos han puesto en marcha cinco tipos de medidas de protección social: transferencias monetarias; transferencias en especie (medicamentos, alimentos, barbijos y productos de aseo); suministro de servicios básicos (suspensión o exoneración del pago de servicios de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones), mecanismos de protección social para trabajadores formales; y otros apoyos directos (control de precios, facilidad en el pago de créditos e hipotecas, alivios tributarios).

Para CEPAL, a fin de evitar las protestas sociales que vivió Latinoamérica en 2019, bajo un contexto de vulnerabilidad macroeconómica luego de siete años de escaso crecimiento y con una expansión del PBI que apenas alcanzó el 0,1% el año pasado, deben tomarse medidas urgentes.

La propuesta del organismo es establecer un Ingreso Básico de Emergencia (IBE) que tenga una duración de al menos seis meses y sea equivalente a lo necesario para superar la línea de pobreza, estimándolo en 143 dólares mensuales.

La medida, si se aplicara sólo para aquellas personas en situación de pobreza, supondría un gasto adicional del 2,1% del PBI regional. En tanto, si fuera un ingreso básico universal importaría un 9,2%. El ingreso básico universal, al que apunta CEPAL, luego de instaurar la renta de emergencia, es un ingreso mensual que recibirían todas las personas, independientemente de sus recursos.

Finlandia fue el primer país en llevar a cabo un proyecto piloto, aunque solo se otorgó a personas desempleadas, sin éxito. También se realizaron pruebas en Namibia, India y Kenia,con resultados ambiguos. La CEPAL tomó el ejemplo del estado de Alaska, que distribuye anualmente a todos sus ciudadanos las ganancias por la actividad petrolera, lo que implica una especie de aplicación de renta universal no condicionada y permanente.

Destacamos que el gobierno nacional planteó un “Ingreso Universal Ciudadano”, que coexistiría con la Asignación Universal por Hijo, para reactivar la economía y formalizar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que permitió “descubrir”, en términos del presidente Alberto Fernández, la precariedad de 9 millones de argentinos.

¿Cómo se financiará a futuro? El FMI proyectó una caída nacional del PBI del 9,9% y un déficit fiscal del 6%. Otros estudios hablan de una caída aún peor que la debacle de 2001. Pendiente la reestructuración de la deuda, la posibilidad de tomar crédito externo es inviable. Cubrir las asignaciones sociales con emisión monetaria tendrá, en el actual contexto, un límite concreto.

Reasignar partidas presupuestarias y mejorar la eficiencia de aquellas vigentes, es la alternativa, en variante (en parte) cercana a la tesis cepalina. Seguiría el IFE, percibido por 9 millones en dos oportunidades (para zonas epidémicamente críticas). Además, 3.9 millones perciben sueldos o beneficios estatales y 2.3 millones de trabajadores recibieron el Programa ATP de salario complementario.

El sector público financió, en suma, prestaciones periódicas o no periódicas para casi la totalidad de la población económicamente activa. Si consideramos que, según datos de CEPAL, el sector público argentino explicaba en 1974 un 20% de los ingresos de trabajadores (con un desempleo del 2,7%), es evidente que la debilidad excede a la crisis pandémica, y no es sólo social; sino fundamentalmente estructural y productiva.

Pero a pesar de estas semejanzas con el modelo argentino de coyuntura, la propuesta de CEPAL no resuelve múltiples dimensiones implicadas: compatibilidad de prestaciones similares en varios países, encuadramiento presupuestario, viabilidad financiera, discusión ética, impacto socio-económico y cultural, o su conveniencia respecto a otras transferencias sociales para acabar con la pobreza y disminuir la desigualdad.

Bárcena, al presentar el informe, esbozó que el ingreso básico se financiaría partir del contrarresto de la evasión fiscal (que en la región alcanza el 6,3% del PBI), tres veces más de lo que implica el ingreso básico. Agregó: “Ahí tenemos una fuente de financiamiento muy potente y la otra es la renuncia tributaria, que es lo que los países dejan de recibir por prebendas empresariales y que es del 3,7% del PBI”. Pero CEPAL soslaya que Latinoamérica no es un bloque homogéneo.

Más allá de la propuesta que se presente paraMéxico (aunque sin desarrollar en extenso), cada país presenta distintos marcos laborales (y sindicales), institucionales, fiscales y regulatorios, como también numerosas asimetrías de performance y diversas categorías de trabajadores especializados, grados de paridad entre hombres y mujeres, o criterios para la asignación de subsidios personales, por lo que resta estudiar una gran variedad de impactos posibles.

El mundo seguirá inestable y compartimentado, cundirán las sospechas generalizadas, y América Latina ya se conmueve en diversos planos. Lo señala CEPAL, pero esperamos más del organismo: estudios e iniciativas que se salgan del molde, que motiven a los países a entenderse, a vincular nodos sensibles hasta aquí no integrados como los de salud pública (lo venimos pidiendo desde 2009). Vagas referencias econométricas y retórica integracionista sin instrumentos (legales y financieros), ciertamente, no aportan casi nada.

José E. Ortega (Profesor U.N.C., U.C.C. y U.B.P.)

Santiago Espósito (Profesor U.N.C)

José Ortega

Santiago Espósito