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Comencemos clarificando cómo fueron mutando con el tiempo las ideas respecto a cuál es la intervención que debe tener el Estado en la economía. La Crisis de 1929, a la que ya hicimos referencia en el programa anterior, provocó en Estados Unidos que el desempleo supere el 25% de la población activa y que la economía se reduzca casi 1/3. Este fue el acontecimiento que más cambio la actitud hacia el Estado. Se llegó al convencimiento de que los mercados habían fallado y que el Estado debía hacer algo. El problema no era sólo el desempleo, sino que producto de la crisis muchas personas habían perdido sus casas, muchos niños no tenían para alimentarse, los ancianos no tenían ingresos económicos para vivir y muchos agricultores se dieron cuenta de que los precios de sus productos eran tan bajos que no podían pagar sus hipotecas. Se comprendió que el mercado sin la intervención del Estado había producido enormes problemas.

Para responder a esta situación, los Gobiernos occidentales asumieron un papel más activo en la económica y aprobaron leyes que ampliaron los régimenes jubilatorios, crearon los regímenes de asignaciones familiares, extendieron la cobertura de salud, crearon planes de vivienda, fijaron programas de apoyo a los precios agrícolas y mejoraron las condiciones laborales.

El Estado de Bienestar 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se abrió un período de fuerte disputa de ideas en torno al papel del Estado y al sistema económico. Por un lado el modelo de la propiedad privada del capital y la libre empresa y, por otra, el control estatal de los medios de producción. Los países occidentales adoptaron, mayoritariamente, la primera tendencia con una intervención del Estado en la economía y la sociedad para combatir la desigualdad y repartir los beneficios de forma más equitativa entre la población. Esto se conoció como Estado de Bienestar y fue utilizado como una fórmula pacificadora de las democracias capitalistas para el período que siguió a la Segunda Guerra Mundial. El Estado de bienestar consistió básicamente, en primer lugar, en la obligación que asume el Estado de suministrar asistencia y apoyo a los ciudadanos a través de servicios tales como la educación y la salud, la cultura, las prestaciones por jubilación, desempleo, orfandad, invalidez, vivienda, etc. En segundo lugar, el Estado de Bienestar se basó en el reconocimiento del papel de los sindicatos tanto en las negociaciones colectivas como en la formación de los planes públicos. Se consideró que ambos elementos limitaban los conflictos de clase, equilibraban la asimétrica relación de poder entre los trabajadores y los dueños de las empresas, y de ese modo ayudaba a superar la situación de luchas paralizantes y contradicciones que constituía el rasgo más visible del capitalismo liberal.

La teoría del derrame 

Pero esta idea del Estado interviniendo para asegurar mayores niveles de igualdad y de prosperidad para el conjunto de la población comenzó a ser cuestionada a mediados de 1970 y con mayor fuerza a partir de 1990.

Se acuñó la llamada “Teoría del derrame” según la cual el crecimiento económico solucionaría por sí solo los problemas de pobreza. Había que tener paciencia a que la economía creciera y derramase sus beneficios a toda la población. Mientras había que hacer sacrificios, como salarios bajos, recortes en las jubilaciones, disminución de la inversión en salud y educación, eliminación de programas de vivienda, eliminar subsidios a la industria y a los consumos, etc. El papel del Estado en el campo social únicamente era el asistencial, es decir, limitado a ayudar a quienes estaban en situación de indigencia, a modo de caridad estatal. Si el Estado cobraba menos impuestos y los trabajadores aceptaban condiciones de trabajo más precarias, llegarían inversiones extranjeras. Con la apertura de la economía a las importaciones bajaría la inflación y las familias podrían consumir más. Suena muy bien…El problema es que el modelo del derrame no funcionó en ningún país en el que se aplicó.

Las consecuencias del Estado mínimo

La reducción de los sueldos generó que las familias se empobrezcan y no puedan consumir. A su vez los Estados se volvieron más pobres tanto por la eliminación de impuestos como por la caída del consumo. En muchos países hubo crecimiento económico pero crecimiento para algunos grupos concentrados mientras la mayoría quedaba excluida. Mientras más se concentraba la economía más aumentaban las desigualdades. En la época de Ménem, en Argentina, el coeficiente de Gini que mide la desigualdad, paso del 0,42 al 0,50 en un corto período de tiempo. Si había un derrame era al revés: de los pobres a favor de los ricos.

El deterioro social tiene también altos costos en términos de gobernabilidad democrática. Un amplio estudio de opinión en 17 países latinoamericanos indica que aun cuando la gran mayoría de la población está en favor del sistema democrático, sólo 27% de los encuestados está satisfecho con el funcionamiento de la democracia. Indican las conclusiones que esta insatisfacción se produce porque los pueblos esperan que el sistema les solucione los problemas que ellos identifican como prioritarios: el desempleo, los bajos salarios, la inseguridad y la inflación.

¿Hay otra alternativa?

Se está levantando actualmente una concepción diferente que, a partir de la evidencia histórica reciente, indica que las sociedades que han logrado avances más consistentes en las últimas décadas se han caracterizado por superar la falsa antinomia Estado vs. mercado. Ni el estado bobo ni el Estado mínimo. La intervención del estado no puede leerse como en contra del mercado sino a favor de las mayorías. Hace falta un “Estado inteligente”, concentrado en metas estratégicas para la sociedad, con un diseño institucional y herramientas que le permitan alcanzarlas con alta efectividad.

Un Estado inteligente no es un Estado mínimo sino un Estado con una política duradera en educación, salud, nutrición, cultura, orientadas a superar las gruesas inequidades, capaz de impulsar la concertación entre lo económico y lo social. Un Estado inteligente es aquel que genera iniciativas que promuevan la participación de las empresas privadas, los sindicatos, las universidades, la sociedad civil y las familias.

Un Estado inteligente es aquel que está transformándose permanentemente para cumplir sus objetivos con la mayor eficiencia posible. Hay muchos ejemplos de áreas del Estado de alta eficiencia y es un mito de que lo estatal es siempre ineficiente. El INVAP es una empresa del Estado argentino dedicada a la energía nuclear, la tecnología espacial, la tecnología industrial y equipamiento médico y científico. Emplea a más de 1300 personas. Es la única empresa en Latinoamérica reconocida por la NASA como apta para realizar sistemas satelitales completos, desde su diseño y construcción hasta su operación. Han logrado ganar todas las licitaciones internacionales para uso de energía nuclear con fines pacífico.

En países donde el Estado ha logrado articular con el mercado y con las instituciones, buscando la equidad, los resultados han sido muy significativos. Pongamos dos ejemplos importantes. El primero, Noruega, al norte del continente europeo. Es el número uno en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas desde 1990. Tiene la mayor esperanza de vida al nacer, el mayor nivel educativo promedio por habitante y el mayor acceso a los recursos económicos necesarios para que las personas tengan un nivel de vida decente. ¿Cómo lo lograron? Por medio de una gran concertación nacional.

Quizás algunos quieran argumentar diciendo que Noruega es un país rico por sus recursos naturales y por eso han podido edificar ese Estado de Bienestar. Pero entonces les propongo el segundo ejemplo: Costa Rica. Es un pequeño país, de poco más de 5 millones de habitantes, que no se destaca por tener grandes riquezas naturales. Según los datos del Banco Mundial, la esperanza de vida es de 80 años, el ingreso per cápita anual es de casi 17 mil dólares y el país tiene una tasa de alfabetización de casi el 95%, lo que lo convierte en uno de los países más alfabetizados de América Latina. Costa Rica es el país de América Latina que más invierte en educación, superando el 7,1% de su PBI.

Es mentira que el mercado se regule sólo y pueda lograr resultados buenos para todos sin intervención del Estado. La historia de los últimos 30 años debería ser una buena evidencia de que cuando el Estado se retira aumentan las desigualdades, la pobreza, el desempleo y cae la economía. Sin embargo, afrontar los desafíos del siglo XXI exige realizar una profunda reforma en las estructuras del Estado. La reforma no puede ser hacia el pasado, es decir, a un Estado que quiera hacerlo todo y sólo, pero tampoco consiste en el mero recorte o desarme de dichas estructuras. Se requiere imaginación institucional para repensar el Estado en el campo económico y social. Cada instante que transcurre sin políticas de inversión sostenidas en educación y salud, sin revisiones de las inequidades, sin servicios públicos sociales eficientes y de alta calidad, significa dolorosos impactos regresivos en las condiciones de vida básicas de extensos sectores del mundo en desarrollo, y la prolongación de una exclusión social injustificable.

Lisandro Lícari / Abogado, periodista, concejal de Cosquín.

El informe completo en el video que sigue (fueradeperfil.com – Parte 7)

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