“Discutir el trabajo”

Impulsadas por la pandemia, están regresando con fuerza las discusiones sobre organización del trabajo y condiciones laborales. Y aunque sea en estas circunstancias, no está de más recordar que estos aspectos también son dimensiones centrales del bienestar de los trabajadores.

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Cuatro fenómenos de pura actualidad están mostrando algo sobre lo que está sucediendo con el trabajo en nuestro país.

1. Se está discutiendo en el Congreso de la Nación un régimen sobre teletrabajo y se espera que sea aprobada una regulación en las próximas semanas. Parte del debate que por estos días tuvo lugar en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados incluye regulación de horarios de la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital, el derecho a la organización y representación sindical, y una perspectiva de co-responsabilidad entre la sociedad, el Estado y las empresas en las tareas de cuidado.

2. El Poder Ejecutivo tiene prácticamente listo un proyecto de ley para regular el trabajo en las plataformas digitales de reparto. En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la discusión también está en curso, aunque impulsada por una iniciativa del Poder Ejecutivo porteño que parte de una perspectiva considerablemente diferente de la del gobierno nacional.

3. La preservación de la salud de los trabajadores que regresan a sus puestos de trabajo en este contexto de pandemia es un asunto de absoluta centralidad. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires resolvió que las empresas deben confeccionar protocolos de higiene y salud en el trabajo de acuerdo a las especificidades de cada actividad. Por otro lado, la CTA de los Trabajadores debate una propuesta para crear comités paritarios de salud y seguridad en cada empresa. La intención es que los empleados de cada establecimiento se involucren activamente (junto a los empleadores) en la definición de garantías que permitan reducir la exposición al contagio. Tanto en Santa Fe como en la propia Provincia de Buenos Aires ya rigen normas que crearon ese tipo de institutos.

4. LATAM anuncia su retiro de nuestro país acusando de ludistas a los sindicatos. Según sostuvo la empresa, la pérdida de competitividad de su actividad no se debía únicamente a la obligación de pagar salarios significativamente más elevados que los de Chile o Brasil sino también a la resistencia de los trabajadores a incorporar tecnología en los procesos productivos.

Hace tiempo que en nuestro país se discute mucho sobre salarios y bastante menos sobre condiciones laborales y organización del trabajo. Dos motivos explican esta situación.

Por un lado, la dinámica inflacionaria que caracteriza a nuestra economía coloca a la distribución del ingreso en un campo de disputa casi cotidiana y, por eso, subordina a esa discusión central al resto de los temas vinculados con el trabajo. Por otro lado, mientras que existe una agenda muy precisa que pretende desmontar los esquemas vigentes de protección del trabajo y avanzar hacia una mayor flexibilización; los sindicatos y otros sectores del laboralismo centraron sus esfuerzos en sostener esos esquemas (seguramente por la precaución de no abrir discusiones que podrían terminar perjudicándolos).

Veamos algunos datos. Según información del Ministerio de Trabajo, el 82% de los acuerdos y convenios homologados entre 2009 y 2018 incluye cláusulas sobre salarios y compensaciones (viáticos, presentismo, bonificaciones, etc.). Sin embargo, sólo el 23% contempla alguna previsión sobre condiciones laborales (capacitación, jornada de trabajo, categorías laborales, etc.) y apenas el 6% tiene cláusulas sobre salud y seguridad en el trabajo. Los temas de equidad de género fueron incorporados en sólo el 6% de los acuerdos y convenios, aunque su presencia creció de un promedio de 2,3% entre 2009 y 2011, al 7,8% entre 2016 y 2018.

El macrismo quiso discutir sobre condiciones de trabajo, pero no tuvo mucho éxito. Su reforma laboral fallida (inspirada en la Reforma Trabalhista aprobada en el Brasil de Michel Temer) planteaba la creación de nuevas categorías laborales; y la reformulación de la jornada de trabajo, de las facultades de los empleadores, de los esquemas de tercerización y de las condiciones de desvinculación de los trabajadores, entre otros temas. El Fondo Monetario Internacional pretendía que el gobierno fuera más allá: sugería reconfigurar la negociación colectiva, reducir la cobertura de los convenios y prácticamente eliminar el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. A este tipo de ofensivas nos referíamos más arriba con la resistencia que tuvieron los trabajadores a habilitar estas discusiones.

Cuando el gobierno de Cambiemos no pudo avanzar con la transformación de los marcos normativos de regulación del trabajo, lo intentó por la vía de los convenios colectivos: insistían con que querían “convenios del siglo XXI” porque, es cierto, buena parte de los actuales no está precisamente actualizado en lo que refiere a categorías y organización del trabajo (aunque sí se introdujeron muchas novedades durante los últimos años, vinculadas a licencias por razones de género, violencia laboral, entre otros temas). De este modo, hicieron suya una retórica de la “modernidad” y construyeron un relato poderoso: el de sindicatos aferrados a conquistas corporativas que supieron conseguir en otros tiempos, deteniendo el motor de la historia y el desarrollo de la Argentina.

¿Pero cuánto les sirve a los trabajadores esta organización del trabajo?

Hay un primer mito que precisa ser desmontado. Los principales beneficiarios del anquilosamiento de muchos convenios colectivos no son los trabajadores sino los empresarios. Digámoslo claramente: si la organización del trabajo que definen los convenios no tiene ninguna relación con lo que efectivamente sucede en los establecimientos, es la pura discrecionalidad empresaria la que termina definiendo cómo y cuánto se trabaja. Por eso, muchas veces son más los empleadores que los trabajadores quienes resisten la actualización de esos textos.

Además, si se trata de modernizar los convenios, ¿por qué no incluir en las discusiones asuntos tales como participación de los trabajadores en las utilidades, cumplimiento del deber de información por parte de las empresas o igualdad de género?

Y sobre los cuatro casos referidos al principio del texto.

1. Los trabajadores de las plataformas digitales desarrollan sus actividades en un limbo jurídico, como dice Juan Ottaviano. Las empresas parecen haber aprovechado muy bien el desconcierto reinante sobre la naturaleza de estos trabajos y lograron que ninguna regulación limite sus atribuciones para organizar el trabajo, desvincular empleados y limitar la sindicalización.

2. El teletrabajo parecía no ser una modalidad especialmente crítica para los trabajadores hasta antes de la pandemia. Esto era así porque era casi de nicho: la mayoría de los trabajadores que desarrollaban sus actividades de manera remota eran profesionales, bien pagos y relativamente demandados en el mercado. Ahora bien, el riesgo que se corre en la actualidad es que la expansión a toda velocidad del teletrabajo (motivada por la pandemia) sí incorpore segmentos de trabajadores más vulnerables y que, por tanto, precisan mayores niveles de protección por parte del Estado.

3. Referir la necesidad de perfeccionar los mecanismos para preservar la salud y la seguridad de los trabajadores en este contexto es una obviedad. Se trata de diseñar protocolos para controlar la exposición al coronavirus de los trabajadores y, en particular por parte del Estado, de fiscalizar el estricto cumplimiento de esas normas. No está de más aclarar que a algunas de las empresas que nunca dejaron de operar en esta pandemia les faltó cuidado por este tema.

4. Y la referida acusación de LATAM a los trabajadores retoma discusiones viejísimas. Pero si la propuesta es discutir cómo incorporar tecnología a los procesos productivos y, en definitiva, cómo mejorar la productividad hagámoslo en serio. Porque si la intención de las empresas es hacerlo reduciendo personal, recortando salarios y atomizando la organización sindical, es posible que los trabajadores no se sientan del todo atraídos a acompañar esas iniciativas. ¿Por qué no pensar entonces en dinámicas que no pongan en contradicción la productividad con el bienestar de los trabajadores? ¿Por qué, incluso, no incorporar a los trabajadores a las discusiones sobre la mejora de la productividad?

Los alemanes lo hacen hace mucho tiempo y muy bien. “Co-determinación” lo llaman. En los 2000 atravesaron una experiencia muy interesante. Las empresas del sector metalúrgico emprendían una ofensiva para reducir los costos laborales. Como respuesta, el sindicato metalúrgico (IG Metall) organizó una campaña que denominó “Mejor en lugar de más barato”, que apuntaba a que los trabajadores se involucraran en las discusiones sobre las estrategias productivas y comerciales de las empresas, aportando propuestas que aumentaran la competitividad y, a la par, protegieran el empleo y los derechos laborales. El objetivo central era evitar las clásicas decisiones de reducción de costos y, para eso, se buscaba poner en consideración alternativas que apuntaran a fortalecer la innovación y la calidad de los productos. La campaña tuvo muy buenos resultados: mejoró la situación de numerosas empresas y garantizó el empleo y los ingresos de los trabajadores.

El caso alemán es difícilmente replicable. Se monta en una larga experiencia histórica, que fue construyendo en el tiempo toda una institucionalidad que sustenta este tipo de prácticas. Pero es interesante porque destaca la necesidad de discutir la organización del trabajo y, en particular, de que los trabajadores adopten un rol central en esas definiciones. Y también porque tuvo lugar en un contexto de crisis. El proyecto sobre los comités paritarios de salud y seguridad de la CTA recupera esa perspectiva de valoración del diálogo social y activa participación de los trabajadores en la organización del trabajo. Y que diputados de extracción sindical sean protagonistas en las definiciones del poder legislativo sobre teletrabajo o trabajo en plataformas también expresa ese mismo fenómeno.

En un contexto de fuerte empobrecimiento como el actual, la cuestión de los ingresos tiene hoy una relevancia cabal. Pero como vimos, impulsadas por la pandemia, están regresando con fuerza las discusiones sobre organización del trabajo y condiciones laborales. Y aunque sea en estas circunstancias, no está de más recordar que estos aspectos también son dimensiones centrales del bienestar de los trabajadores y del desarrollo de un país.

Matías Maitohttp://www.unsam.edu.ar/tss/ – https://www.elpaisdigital.com.ar/

(Director del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD – IDAES-UNSAM)