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Si miramos con atención nos daremos cuenta de que está muy instalada la idea de que la plata que falta para educación, salud, vivienda, mejores jubilaciones, etc., es un problema únicamente de la corrupción de los políticos. Pero esa es la coartada perfecta para no tener que discutir, en primer lugar, la concentración de la riqueza y de la economía. Y, en segundo lugar, que la corrupción es un complejo engranaje donde se entrelaza la responsabilidad los funcionarios públicos y los dueños, directores o gerentes de las empresas privadas. Para que exista un corrupto debe haber un corruptor.

El caso Siemens 

Siemens es una empresa alemana considerada la mayor empresa de fabricación industrial de Europa con 190 sucursales a lo largo del mundo. Opera en 4 sectores principales: el sector industrial, energético, de salud y de infraestructuras y ciudades. Según los tribunales de Estados Unidos, Siemens pagó en la década de los 90´más de 40 millones de dólares en soborno a altas autoridades argentinas para conseguir un contrato de 1.000 millones de dólares para producir nuevos documentos de identidad. El presidente argentino Carlos Menem firmó ese contrato en 1996. En esa época, el país tenía una tasa de desempleo del 17,3 % según los datos oficiales.

Por otra parte, entre los trabajadores que tenían empleo, el 20 por ciento ganaba menos que el promedio de salarios, es decir, eran trabajadores más pobres que sus pares. El coeficiente que mide la desigualdad de ingresos era uno de los peores de la historia de nuestro país. La tasa de mortalidad infantil era altísima, 24 de cada 1000 niños morían antes de cumplir cinco años. Sin embargo, con tantos problemas sociales abiertos, Menem no dudó en firmar el contrato. Para Siemens los sobornos a funcionarios públicos no era una práctica nueva. Estos sobornos eran, como aceptó la empresa en los tribunales de Estados Unidos, parte de una práctica sistemática de décadas que fue aplicada en múltiples países. En los países muy corruptos, los sobornos eran casi el 40% de los contratos; en otros, del 5% al 6%. Friedrich, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, señaló que la corrupción en la empresa Siemens “era sistemática y extendida”.

¿La corrupción es peronista?

También es un mito que la corrupción sea un fenómeno exclusivo de un partido político. Si repasamos los últimos 30 años de la historia argentina veremos que en todos los gobiernos se han sucedido hechos de corrupción. María Julia Alzogaray fue condenada por enriquecimiento ilícito por la privatización de ENTEL durante la presidencia de Carlos Menem. El propio Menem se convirtió en el primer presidente constitucional condenado por la justicia por contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Ya en el siglo XXI se produjo el escándalo de coimas en el Senado, un caso de corrupción que estalló en abril del 2000, en medio de la sanción de la ley de Reforma Laboral, por el cual el gobierno radical de Fernando de la Rúa habría hecho pagos a senadores del Partido Justicialista para que votaran a favor de su aprobación. Se considera que este escándalo fue uno de los principales motivos para la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez.

Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner dos funcionarios fueron llevados a juicio y condenados a prisión: la ex ministra de economía Felisa Micheli y el ex Secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Este último fue condenado por haber recibido dinero por parte de los mismos empresarios del transporte a los que tenía que controlar. Estos empresarios eran quienes pagaban directamente el alquiler del lujoso piso en el que vivía Jaime y le financiaban todos sus viajes en aviones privados. Finalmente, nos queda hablar de los casos de corrupción en los que está involucrado el ex presidente Mauricio Macri y que suman, como mínimo, 11.000 millones de pesos. Abarcan la deuda en el Correo Argentino – en la que se intentó una maniobra para esconder y cancelar no menos de 4.800 millones de pesos-. También figura la irregular compra de parques eólicos y la inmediata venta con una ganancia para la familia presidencial de 2.760 millones de pesos. En la maniobra utilizaron sociedades armadas incluso en Luxemburgo y un insólito préstamo de 5 millones de dólares al hermano presidencial.

¿Cómo enfrentar la corrupción?

Si la corrupción está en todos lados y entre todos ¿cómo se la derrota? Hay un primer gran antídoto para la corrupción: mejorar la igualdad. Está estudiado en el mundo que cuanto más desiguales son las sociedades, hay más corrupción. Cuanto mayores son las asimetrías en una sociedad, pequeños grupos de poder tienen el control de las grandes decisiones económicas, de los recursos económicos, de la información, y las grandes mayorías tienen grados mínimos de información y de participación real. En esas condiciones hay “incentivos perversos” para las prácticas corruptas, porque los grupos de alto poder no tienen control y pueden actuar con impunidad. En cambio, los sectores populares tienen, en esas sociedades con severas brechas de desigualdad, limitados niveles de articulación política, dificultades de organización y son débiles para monitorear a los poderosos. Por lo tanto, si queremos reducir los niveles de corrupción, lo primero que debemos hacer es reducir los niveles de desigualdad.

Otro remedio para combatir la corrupción es la “ilegalización cultural” de la corrupción. Está estudiado que en los países nórdicos, donde existe la menor corrupción del mundo, la cultura rechaza a los corruptos, son “parias sociales”. Pensemos cuánto nos falta para eso. Lo más probable que en lo primero que hayas pensado es en lo tolerante que somos con la corrupción política. Pero ¿por qué nunca pensamos primero en la corrupción privada? La investigadora argentina Mariana Heredia, Doctora en Sociología, dice que “una abrumadora mayoría de los miembros de las clases altas manifiestan hostilidad frente al Estado y naturalizan las prácticas de evasión y fuga de divisas. No se trata sólo de que empresarios y profesionales intenten, en privado, eludir los controles y disminuir sus cargas. En público y con relativa facilidad, justifican como legítimo e ineludibles estas estrategias. Un doble estándar aparece al juzgar con severidad la corrupción de los funcionarios del sector público y con singular indulgencia las prácticas ilícitas del sector privado”. Si somos tolerantes con la corrupción pública pensemos cuánto más lo somos con la corrupción privada. La imagen de argentinos manifestándose a favor de Vicentin, una empresa fuertemente sospechada de lavado de dinero, fuga de capitales, fraude a los acreedores y evasión impositiva, es un buen espejo en el cual mirarnos.

Lisandro Lícari / Abogado, periodista, concejal de Cosquín.

El informe completo en el video que sigue (fueradeperfil.com – Parte 8)

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