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A lo largo de la historia, el cuidado familiar fue considerado una actividad predominantemente femenina. El sistema capitalista y un fuerte machismo determinaron un único modelo de familia y pareja: monógama, legalmente unida en matrimonio, heterosexual y para toda la vida. Ese modelo se armó con papeles y territorios diferenciados para hombres y mujeres: los hombres encargados de la provisión económica del hogar y las mujeres encargadas de la vida doméstica y de la responsabilidad de mantener la casa limpia y la familia alimentada. Las mujeres eran consideradas ante todo madres, y las madres, como las mejores cuidadoras posibles.

Pero ese modelo entró en crisis hace varias décadas. Uno de los procesos socioeconómicos más importantes del último cuarto de siglo en América Latina ha sido la incorporación de mujeres al mercado laboral y al empleo remunerado. Sin embargo, este proceso no fue acompañado de cambios al interior de los hogares. El tiempo dedicado por los hombres a las áreas de cuidado y trabajo en el hogar ha permanecido prácticamente sin cambios. Las tareas de crianza y de cuidados recaen con muchísima más fuerza sobre los hombros de las mujeres que sobre los hombros de los varones. La única encuesta sobre el uso del tiempo en Argentina muestra que las mujeres ocupan casi el doble de tiempo que los varones en este tipo de tareas. Esto ha generado una doble jornada de trabajo para las mujeres: en el ámbito público y en el ámbito doméstico del hogar. En promedio las mujeres argentinas dedican 6,4 horas diarias a las tareas de crianza y de cuidado, a las que se suman todas las horas que trabajan fuera del hogar.

Pero estas realidades no son iguales entre los distintos niveles socioeconómicos. No todas las mujeres han podido incorporarse al mercado laboral de la misma forma. Entre las mujeres que han alcanzado educación terciaria, el 70% participa del mercado laboral, mientras que entre aquellas que no han terminado la escuela primaria o completado al menos 9 años de estudios, ese porcentaje se reduce al 45%. Es decir que la incorporación de la mujer al mercado laboral presenta diferencias muy fuertes según pertenezcan a hogares pobres o de ingresos medios. Esto no se debe a preferencias u opciones de las mujeres sino a condiciones estructurales de sus familias. En efecto, que las mujeres pobres participen en menor medida del trabajo asalariado se debe a la carga de trabajo no remunerado al interior de sus hogares. Mientras que en promedio las mujeres argentinas dedican 6,4 horas diarias a las tareas de crianza y de cuidado, entre aquellas que integran el 20% más pobre de la población, esa carga horaria se eleva a 8:30 hs. por día. Tienen que dedicar más tiempo porque en los contextos en los que viven es más difícil gestionar el cuidado. No hay cloacas ni agua potable, lo que hace que los chicos se enfermen más y tengan que llevarlos más seguido al hospital. Los barrios en los que habitan suelen estar más alejados del centro, lo que hace que pierdan más tiempo para trasladarse de un lugar a otro. Toman colectivos en vez de remisis. Carecen de electrodomésticos que facilitan las tareas como, por ejemplo, lavarropas.

Para las mujeres pobres la responsabilidad en los cuidados constituye una fuerte barrera de acceso al mercado laboral, precisamente por las dificultades para conciliar maternidad y trabajo remunerado. Y dado que la probabilidad de superar la pobreza es proporcional a la presencia de más de un ingreso en las familias, la no participación laboral femenina agrava la pobreza y la desigualdad social de esos hogares. Por otra parte, la mayoría de las mujeres pobres que consiguen trabajo lo hacen en condiciones muy precarias: generalmente son trabajos informales, mal remunerados y sin derechos. Y en los hogares monoparentales encabezados por mujeres, la doble tarea de proveer cuidados e ingresos de manera exclusiva hace que, generalmente, uno de los hermanos asuma el rol de cuidador o cuidadora. Según el CIPPEC, 3 de cada 4 jóvenes que no están estudiando ni trabajando, son chicas que tienen a su cargo el cuidado de sus hermanos, sus abuelos o sus hijos.

Aún hoy existe una conciencia muy generalizada de que los asuntos referidos a las tareas de cuidado son un problema privado y no público, es decir, que cada familia lo debe resolver a su manera. El Estado, las políticas públicas y los varones han permanecido casi siempre al margen. En la mayoría de los casos, son las mujeres quienes, de distintas maneras, enfrentan el problema. Esto, obviamente, no es igual en todos los estratos socioeconómicos. Aquellas familias que tienen ingresos medios o medios altos, pueden contratar a otra persona – generalmente otra mujer – para que realice esas tareas; en otras ocasiones se acude a la ayuda de un familiar -generalmente otra mujer – y, finalmente, las más pobres deben hacer malabares para conciliar el trabajo doméstico no remunerado con el trabajo fuera del hogar. En todos los casos hay un denominador común: en cualquiera de sus modalidades, el trabajo de cuidados es siempre precario e informal. Según la OIT, de todo el trabajo doméstico remunerado, el 77% es precario y mal pago.

Esto implica un desconocimiento de la relevancia que tienen estas tareas, porque el cuidado y la crianza son una de las más importantes funciones sociales que deberían estar distribuidas y garantizadas de una forma tal que todos nos hagamos cargo. Modificar este panorama requiere involucrar a los varones y al Estado con políticas de corresponsabilidad en materia de cuidados y trabajos domésticos. Básicamente hay cuatro respuestas estatales necesarias para afrontar el tema: a) las asignaciones familiares u otros sistemas de transferencias de dinero a las familias con hijos menores de edad, para que uno de los progenitores pueda quedarse en el hogar cuidando a los niños o pagar para que alguien más asuma esta tarea; b) las licencias por parto y cuidados tempranos tanto para madres como para padres; c) y los sistemas de cuidado institucional, como guarderías para niños en edades muy tempranas y preescolares; d) reconocerle derechos laborales y de seguridad social al miembro de la familia que asume a tiempo completo las tareas de cuidados.

En cada uno de estos temas se han dado algunos avances aunque aún insuficientes. Actualmente la mayoría de los países de la región tienen determinadas formas de transferencias para familias con niños y niñas, en función de los ingresos, aunque ese valor casi siempre es muy bajo e insuficiente. Respecto a las licencias de maternidad, si bien todos los países de la región las reconocen, la mayoría ofrecen menos de las 14 semanas que recomienda la OIT. Además, son muy limitadas o inexistentes para algunos sectores en particular como trabajadores domésticas, trabajadoras subcontratadas, contratos temporales o informales. A su vez, las licencias por paternidad son muy limitadas. Usualmente varían entre 2 y 4 días, con lo cual le estamos diciendo a los varones que ellos tienen que cuidar su trabajo y a las mujeres que ellas tienen que cuidar a los hijos. Y peor aún, le estamos diciendo a las empresas que tienen que contratar a varones. Chile es un ejemplo destacado, con permisos de maternidad de 24 semanas y la posibilidad de transferir el beneficio a los padres después de la séptima semana del parto y durante un período máximo de 3 meses. Uruguay también sobresale al haber creado un permiso parental compartido y completamente remunerado, que permite a la madre o al padre trabajar medio día hasta que el niño o niña cumpla los seis meses de edad. En tanto, los servicios públicos de atención a la infancia en América Latina están todavía lejos de los logros de Europa y otros países desarrollados. Solamente Cuba y México alcanzan niveles casi universales. En el resto de la región, solamente el 5% de los niños y niñas entre 0 y 3 años asisten a una guardería estatal. Finalmente, una cuarta línea de acción es reconocer que el trabajo doméstico no remunerado es un verdadero empleo. En base a ello, en España, por ejemplo, se incluye en el cálculo de las jubilaciones los años dedicados a la crianza y el cuidado de los hijos. Por su parte, Argentina, a partir del año 2004, introdujo una alternativa en el sistema de pensiones y jubilaciones, conocida como “moratoria previsional”, por la cual se estableció que las personas que han trabajado por 30 años pero no han contribuido a la seguridad social, pueden aun así recibir pensiones por vejez. Son las llamadas “jubilaciones de ama de casa”. Y el hecho de que aún un sector de la dirigencia y la sociedad critique esta medida aduciendo que es injusto que quien no trabajó cobre una jubilación, demuestra el largo camino que resta para que se reconozca el valor de las tareas de cuidado que se realizan al interior de los hogares.

Dada la naturaleza de estas tareas, que están basadas en el vínculo estrecho entre quien cuida y quien es cuidado, es frecuente que se perciban como desinteresadas, lo cual contribuye a su invisibilización como trabajo. Sin embargo, tienen una clara dimensión económica y aportan mucho valor a la economía nacional. Según un cálculo de la CEPAL, si no fuese por el trabajo no remunerado de las mujeres, la tasa de pobreza de América Latina sería un 10% mayor. Para muchos nichos y niñas, el trabajo de esas madres significa la principal red de protección social.

Gala Díaz Langou señala que “una mayor inversión en infraestructura y en un sistema de cuidados estatales podría asegurarnos de que todas las chicas y chicos tengan buenas oportunidades desde los primeros momentos de vida. También podría mejorar la situación de las familias que están en la pobreza, ya que todos los adultos de esas familias podrían disponer del tiempo necesario para tener un trabajo remunerado. Y se pregunta, de forma retórica, ¿de dónde saldrían esos trabajos? Responde diciendo que podrían generarse a partir de la misma inversión en cuidados. Por ejemplo, garantizar que 2/3 de los chicos que hoy tienen menos de 4 años asistan a un espacio de crianza, enseñanza o cuidado, generaría casi 1.300.000 puestos de trabajo, ya que se necesitarían personas que trabajen en la construcción de estos espacios, que eduquen, que cuiden, que cocinen, etc. Estima que esto haría crecer a la economía en 5,3% del PBI en un período de 4 años. Ves que podemos ser una sociedad más igual, justa y con trabajo. Ya dijimos que somos pobres, fundamentalmente porque somos muy desiguales.

Lisandro Lícari / Abogado, periodista, concejal de Cosquín.

El informe completo en el video que sigue (fueradeperfil.com – Parte 11)

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